Hace dos años el Comité de las Naciones Unidas para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw) responsabilizó
al Estado peruano por violar los derechos humanos de la adolescente L.C., a
quien se le negó la posibilidad de un aborto terapéutico, esa negación ha
causado daños irreversibles en su columna, y ahora L.C. está postrada de por vida en una
silla de ruedas.
El Comité Cedaw emitió un dictamen que colocó al Estado
peruano como vulnerador de los derechos humanos de las mujeres por obligar a L.C. a mantener un embarazo forzado,
producto de una violación, que puso en riesgo su vida y su salud, remarca que
existieron estereotipos de género entre los médicos del Hospital Alcides
Carrión, donde primó el rol materno por encima de la salud física y mental de
la adolescente.
L.C. al relatar la terrible experiencia que tuvo que
pasar a los 13 años, primero el de ser violada y segundo el haberle negado un aborto
terapéutico, y las terribles secuelas de las mismas, señaló que:
“solo exigimos un aborto terapéutico porque
la ley me amparaba a mí. Porque ya mi columna estaba rota, yo ya estaba
cuadripléjica. Mi lesión era C6, C7, yo no movía ni una extremidad. Me daban de
comer todo en la boca. Mi mamá paraba día y noche conmigo en el hospital”.
“Si los médicos me hubiesen operado a tiempo,
me hubiesen hecho ese aborto terapéutico, yo no estuviera así. Mis manos no
estuvieran así. Yo estaría ahorita estudiando, yo estuviera caminando tal vez
con dificultad, pero no así de esta
manera. Mi vida me la truncaron los médicos”, dice L.C.
Sobre el incumplimiento de parte del Estado peruano, L.C.
señala que el presidente Ollanta Humala también tiene hijas mujeres. “Pongamos que el presidente Ollanta Humala
Tasso no fuera presidente, fuera una persona normal y eso le pasara a una de
sus hijas. ¿No cree que el señor Ollanta Humala pediría lo mismo que yo? Claro
que lo pediría y con mucha razón. ¿Por qué? Porque hay una ley que nos avala,
que me avala a mí personalmente. Más aún que la CEDAW dio una sentencia que
debe de pagarme mi reparación”, concluye.
En junio de 2009, el Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y el Centro de Derechos
Reproductivos (Center for Reproductive Rights) presentaron el caso L.C. ante el
Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento del Comité Cedaw. En
octubre de 2011, el Comité se pronunció y declaró que el Estado peruano había
violado los derechos de L.C. al incumplir con las obligaciones contraídas de
acuerdo al tratado.
Asimismo, recomendó al Estado peruano proporcionar
medidas de reparación que incluyan indemnización y medidas de rehabilitación a
LC., que incluyan daños morales y materiales, de acuerdo a la gravedad de la
violación de sus derechos y de su estado de salud, a fin de que goce de la
mejor calidad de vida posible.
Y también recomendó medidas de no repetición entre ellas,
el Comité recordó que si el Estado decidió legalizarlo debe establecer un marco
jurídico apropiado que garantice la necesaria seguridad jurídica para quienes
recurren al aborto como para los profesionales de salud que deben realizarlo;
siendo esencial que se contemple un mecanismo de toma de decisiones de manera
rápida, con miras a limitar al máximo los posibles riesgos para la salud de la
mujer, y adoptar medidas para que los derechos reproductivos sean conocidos y
respetados en todos los centros sanitarios.
Hace seis años a L.C. se le negó un aborto terapéutico
pese a que su vida y su salud tanto física como mental corría peligro, y desde
hace dos años una resolución emitida por un órgano de Naciones Unidas, obliga
al Estado peruano a que se le dé una vida digna, L.C. espera rehabilitación,
espera que el Estado cumpla con los tratados internacionales, y que el gobierno
de Ollanta Humala apruebe el protocolo del aborto terapéutico, sin embargo a la
fecha el Estado no ha dado ninguna respuesta, L.C. sigue esperando justicia.
Los hechos
L.C. es una adolescente peruana de bajo nivel
socioeconómico, desde los 11 años fue víctima de múltiples abusos sexuales, en
marzo de 2007 con sólo 13 años tras una violación quedó embarazada. Ella al sospechar
que se encontraba embarazada intentó suicidarse, aunque sobrevivió al intento
de suicidio, quedó paralizada del cuello para abajo y según los diagnósticos
nunca más volverá a caminar, pese a que los médicos que la atendieron
determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica urgente en su columna,
no la intervinieron al enterarse que estaba embarazada.
El riesgo a la salud física y mental era evidente, por lo
que la familia pidió que le realizarán el aborto terapéutico. Pese a la
urgencia del caso, el director del Hospital
dio respuesta a la solicitud un mes después, L.C., fue operada casi
cuatro meses después, cuando ya era demasiado tarde, ahora L.C. está
parapléjica, y requerirá de ayuda de terceros por el resto de su vida, incluso
está imposibilitada para controlar sus funciones básicas, y depende de una sonda
que debe cambiarse cinco veces al día.
Organismos
internacionales y nacionales piden al Estado peruano que apruebe el aborto
terapéutico:
Diversos organismos internacionales que monitorean el
cumplimiento de tratados de derechos humanos vinculantes firmados por el Perú, le han dicho al Estado peruano que apruebe el
protocolo de aborto terapéutico, que es legal en el país desde 1924, ya que no garantizarlo
es un atentado contra los derechos a la vida, salud y autonomía de las mujeres,
así se han pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas, el Comité Contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación a la Mujer de las Naciones Unidas (Cedaw), el Comité de Derechos
Humanos el Examen Universal de Derechos Humanos.
En el terreno nacional, la Defensoría del Pueblo se ha
pronunciado frente al Ministerio de Salud, en informes defensoriales y de manera pública acerca de la necesidad de
aprobar el protocolo de aborto terapéutico, asimismo se han pronunciado a favor
el Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y
diversas organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, hasta la fecha hay
un silencio gubernamental.
